Noche y Niebla 37, enero - junio 2008: Terror e Inseguridad

Al presentar este informe de lo registrado por la Red de Bancos de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política en el primer semestre de 2008, es imposible ocultar preocupaciones de fondo que afectan a los ya numerosos núcleos de organizaciones e investigadores de muchas regiones del país que configuramos la Red de Bancos de Datos Regionales, preocupaciones que seguramente afectarán también a los lectores de Noche y Niebla. Por una parte, no cede la práctica de los “falsos positivos”. Por otra parte, los movimientos sociales y organizaciones de base continúan siendo blanco de persecución intensa, cerrándose cada vez más, mediante prácticas de terror, las posibilidades de reivindicar derechos por las vías legales y democráticas.

La práctica de los “falsos positivos”, como se ha denunciado ya antes con testimonios concretos, obedece a una presión del alto Gobierno y de sus jerarquías castrenses por obtener resultados tangibles en su política contrainsurgente, fijando “cuotas” por fracción de tiempo u otorgando recompensas cuyo logro seduce a los victimarios en medio de las tensas y desagradables tareas que se les imponen. Pero mirada desde las víctimas, la práctica de los falsos positivos crea un clima de inseguridad extrema y total: cualquier ciudadano, hombre o mujer, especialmente los pobladores de zonas rurales o urbanas estigmatizadas por su pobreza o por sus preferencias políticas, corre el riesgo permanente de perder su vida, su integridad o su libertad, si se da la circunstancia [que se escapa de su control] de que su desprotección ofrezca ocasiones propicias a eventuales agentes armados del Estado o del Para/Estado, que actúan en la sombra, para lograr sus recompensas o para fingir los “rendimientos” periódicos que les exigen.

Soportar un riesgo permanente de perder la vida, la integridad o la libertad -valores elementales del ser humano-, sin que existan espacios o “reglas de juego” claras que permitan evitar, al que lo quiera, introducirse en la zona de riesgo, es lo que constituye, en su esencia, el terrorismo. Si bien el terrorismo se ha definido informalmente como una violencia indiscriminada que se produce en apoyo a una posición política, hasta ahora no existe ninguna definición formal, a pesar de las más de 20 convenciones internacionales suscritas contra el “terrorismo”. Nunca se ha querido discutir ni aprobar una definición formal, pues los Estados prefieren seguir usando el término como un insulto o estigmatización reservada para quienes se oponen a sus proyectos políticos, sin darle chance a las víctimas de acogerse a parámetros jurídicos, como muy bien lo ha probado Noam Chomsky en el caso de los gobiernos estadounidenses, pero esos mismos gobiernos que usan profusamente el término, la mayoría de las veces no reconocen que han implantado los más esenciales parámetros terroristas desde sus esferas de poder.

Pero a falta de definiciones formales, el concepto etimológico básico se deriva de “terror”, el cual es caracterizado por la Academia de la Lengua como un “miedo intenso”. Y es “miedo intenso” precisamente porque rodea de inseguridad permanente los valores a los cuales el ser humano se aferra desde sus energías más primarias: la vida, la integridad y la libertad.

Cuando 10 días de vacaciones que se conceden a un soldado por exhibir un “positivo”, o el millón de pesos que se ofrece al que logra mostrar un cadáver vestido de guerrillero, se constituyen en incentivos baratos para acabar con una vida, el “terror” invade a las potenciales víctimas que son la mayoría de ciudadanos pobres o inconformes del país. Pero también cuando una “declaración” negociada y remunerada, rendida ante agentes judiciales o disciplinarios, caso omiso de su falsedad, logra arruinar la libertad de cualquiera que no piense como el sistema lo exige, el terror anula la libertad más sagrada que es la libertad de conciencia y de opinión.

Los casos de “falsos positivos” registrados en el primer semestre de 2008 y los que se registran en este número aunque correspondan a semestres anteriores, dado que antes no se había tenido acceso a su información o se había recibido una información errada o incompleta, son episodios de una práctica sistemática que ya se puede considerar como “política de Estado”, sin que las protestas ni alarmas de muchos sectores nacionales y de la comunidad internacional hayan logrado revertirla después de mucho tiempo.

En el primer semestre de 2008 se han registrado 22 episodios de “falsos positivos” que se proyectan en 33 víctimas de ejecución extrajudicial y una herida. En el departamento del Tolima fueron perpetrados 3 casos; en los departamentos de Antioquia, Caldas, Caquetá, Cauca, Huila, Norte de Santander y Putumayo, 2 casos en cada uno, y en los departamentos de Bolívar, Casanare y Cesar, 1 caso en cada uno.

Las unidades militares mencionadas en las denuncias son:

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  • Brigada Móvil No. 15 que opera en Norte de Santander: 3 casos-

  • Batallón Calibío de la Brigada 14 que opera en el Nordeste antioqueño: 2 casos-

  • Comando Operativo 5 de la Brigada 9 que opera en el Huila: 2 casos-

  • Comando Operativo 3 y Batallón Ayacucho de la Brigada 8 que opera en Caldas: 2 casos-

  • Batallón Caicedo que opera en el Tolima: 1 caso-

  • Brigada Móvil No. 13 que opera en el Putumayo: 1 caso-

  • Brigada Móvil No. 16 que opera en el Caquetá: 1 caso-

  • Batallón Héroes de Güepi que opera en el Caquetá: 1 caso-

  • Batallón de Alta Montaña No. 4 que opera en el Cauca: 1 caso-

  • Batallón Cisneros que opera en el Quindío: 1 caso-

  • Brigada 16 que opera en el Casanare: 1 caso-

  • Batallón Domingo Rico que opera en el Putumayo: 1 caso-

  • Batallones Codazzi y Pichincha que operan en el Cauca: 1 caso

  • En 2 casos se señala genéricamente al Ejército.

La misma variedad de lugares, fechas y unidades operativas hace descartar fácilmente el carácter fortuito o esporádico de los hechos y evidencia su carácter sistemático que acusa factores institucionales que están por encima de las unidades locales.

Ese terror no sólo va invadiendo y paralizando a las organizaciones y movimientos de base que reivindican derechos fundamentales, sino que va exterminando esas mismas colectividades. El listado de persecuciones que se registra aquí es demasiado alarmante. Se percibe un ensañamiento de los agentes del Estado, en unidad de acción con huestes paramilitares de nueva/vieja data, que por lo mismo se reafirman como agentes estatales indirectos, contra integrantes de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, comunidades de paz, organizaciones de desplazados, comunidades de víctimas, organizaciones estudiantiles, grupos de derechos humanos y movimientos de oposición.

Los casos concretos, tanto de falsos positivos como de persecución a grupos y movimientos de base, se destacan a continuación, aunque en la cronología de todo el informe se pueden encontrar nuevamente con más detalles.

El elevado número de casos que se registran en el capítulo de ACTUALIZACIONES nos revela nuevamente las dificultades de acceso a la información que existen en Colombia, donde imperan más el miedo y la desinformación, y nos reafirma en la caracterización de nuestro trabajo como Red de Bancos de Datos de Derechos Humanos, que no se define como estadístico sino como un servicio a la salvaguarda de la memoria histórica del enorme sufrimiento de nuestro pueblo.[+] Leer texto completo>>

 
REVISTA NOCHE Y NIEBLA No. 37